Sierra La Laguna en resistencia a la minería, suman 419 concesiones dentro de Áreas Naturales Protegidas en el Noroeste de México
1 Mayo, 2023
Por Daniela Reyes
El aire puro, el agua transparente, la cultura ranchera y los paisajes inhóspitos de la Sierra La Laguna en el noroeste de México, han estado amenazados por la empresa minera Vista Gold Corp. desde 2007 que empezaron a desarrollar trabajos de exploración en la zona de amortiguamiento que modificaron la superficie cercana al Rancho Las Padercitas.
Desde entonces surgió el movimiento ciudadano bajo el lema Defiende la Sierra La Laguna que agrupó a una gran sector de la población y que hizo todo lo posible por frenar el proyecto minero, desde manifestaciones, plantones en los predios dónde se pretendía instalar y hasta cierres de vialidades.
En un comunicado la empresa informó que pretendía iniciar operaciones en 2011 y producir 143 mil onzas de oro por año durante los primeros cinco años y un estimado de 1.2 millones de onzas de oro durante los 9 años de vida útil de la mina. Así mismo expresa la intención de hacer una contribución positiva a la comunidad a través de mejoras en el desarrollo.
De 2010 a 2019, el proyecto Paredones Amarilllos cambió a Concordia, después a Los Cardones y la empresa se asoció con el Grupo Invecture. Sin embargo en los tres intentos se les negó la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo y la licencia social, a través de la consulta pública realizada por Semarnat.
En 2019 se logró detener el proceso de cambio de uso de suelo cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 751 hectáreas de la Sierra para administrar.
De esta forma, “se consolidan los procesos de conservación ambiental y se evitan afectaciones al medio ambiente”, señaló la Sedatu en un comunicado. Pese a este logro que pretende blindar la Sierra de los proyectos mineros, los rancheros de la Sierra señalan que las concesiones siguen dadas y que no se sabe cuánto durará la tregua esta vez.
Causa Natura Media intentó contactar a la empresa Vista Gold por las vías oficiales registradas en el directorio de compañías de capital extranjero de la Secretaría de Economía, sin embargo hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sierra La Laguna fue decretada Reserva de la Biosfera en 1994, sin embargo, dos años después dicha empresa minera fue beneficiada con concesiones en la zona de amortiguamiento con una vigencia de 50 años, con posibilidad de ser prorrogables otros 50, para extraer principalmente oro.
Esta Área Natural Protegida tiene una extensión de 112 mil 437 hectáreas y concentra ecosistemas que agrupa bosques de coníferas, selvas tropicales, palmares y matorrales únicos en Baja California Sur; una diversidad y abundancia de especies de flora y fauna silvestres y la presencia de especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción.
Para los rancheros que se dedican a la ganadería y recientemente al ecoturismo en Sierra La Laguna, como Porfirio Díaz del Rancho La Rueda en la zona conocida como La Burrera, un proyecto minero es una sentencia de muerte para el ecosistema y para las 18 comunidades que lo habitan y una contradicción a la cultura de conservación que se ha promovido desde la creación de la ANP.
Don Porfirio menciona que hay actividades que depredan el ecosistema que pueden repararse, como la tala ilegal, pero en el caso de la minería a cielo abierto en un ecosistema tan particular como este no. De tal forma que si se instala una mina a cielo abierto en Sierra La Laguna y la destruye, no hay forma de que regrese a su estado inicial.
Concesiones mineras y proyectos mineros en ANP
Sierra La Laguna tiene solo 10 de las mil 298 concesiones otorgadas dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México, de acuerdo con la Secretaría de Economía, de las cuales 419, es decir el 32%, se concentran en el noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora) y se ubican dentro de 64 ANP en la región.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, una organización civil dedicada a la transparencia y acceso público a la información medioambiental y georeferenciada, señala que las concesiones son el primero de muchos pasos que deben seguir las empresas mineras para llegar a explotar cualquier recurso, situación con la que no está de acuerdo.
“Es un absurdo, tendría que ser el último paso una vez que ya tienes concesión de agua, manifestación de impacto ambiental, acuerdos con la comunidad, con los dueños de la superficie, que eres beneficiado con la consulta indígena en caso de que aplique. Una vez que ya hayas agotado todos los trámites, la concesión tendría que ser lo último, pero no, en México es el primer trámite”, explicó.
Aunque las concesiones no aseguran que habrá explotación de mineral, sino que se otorga a un particular para que haga trabajos de exploración de los recursos en el subsuelo, son indicadores importantes que ilustran la voracidad de la minería en los territorios y el riesgo que hay sobre las comunidades y el medio ambiente.
Sin embargo, el problema de inicio es que la Ley Minera actual permite que haya concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas y sin contar con el consentimiento de las comunidades, que es la principal causa de conflictos ambientales relacionados con la minería.
CartoCrítica ha documentado que hasta 2021 había al menos 73 proyectos mineros en Áreas Naturales Protegidas de los cuales 17 son minas a cielo abierto, que era la proyectada por la empresa minera en Sierra La Laguna y con más potencial destructivo por abrir grandes tajos a partir del uso de explosivos y maquinaria pesada.
La minería como una actividad prioritaria
Porfirio tomando agua de la Poza El Guayabo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna | Fuente: Daniela Reyes
Uno de los principales privilegios que la Ley Minera otorga a la minera es la condición de actividad de utilidad pública y prioritaria con preferencia sobre cualquier otra actividad, explica Manuel Llano, y bajo este argumento, todo territorio puede ser concesionado.
“Si se interpreta el territorio nacional desde los ojos de la Ley Minera resulta que no existen los bosques, no hay agua, no hay gente, no hay ciudades, no hay propiedad privada, no hay nada. Solo existen áreas concesionadas, reservas mineras, asignaciones mineras y terreno libre. Todo puede ser concesionado. Esa es la óptica desde la Ley Minera”.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México no se han entregado nuevas concesiones mineras, pero sí se han entregado nuevos títulos de concesiones, es decir, no se ha extendido la superficie concesionada, sino que esta se ha reducido o fraccionado, lo cual genera nuevos títulos, pero eso no significa que haya menos operaciones mineras en el país.
Sin embargo, Manuel Llano señala que hay una laguna de información que hace difícil acceder a datos que permitan dimensionar las operaciones mineras en el país, ya que mientras las empresas extraen minerales del subsuelo que son propiedad de todos y todas, la Secretaría de Economía no tiene la obligación de mantener un registro completo sobre los proyectos mineros existentes, desagregado por el tipo, la magnitud, la producción, ni los derechos que pagó por extraerlo.
Pese a que México en 2017 se sumó a Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), un estándar internacional que busca transparentar las finanzas, los permisos, la regulación y la gobernanza de los sectores extractivos,el gobierno incumple con la presentación de la información desagregada por proyecto minero y viola el derecho que tienen todas las personas a acceder a información pública.
Recursos y cultura en riesgo
Ganado del Rancho La Rueda de Don Porfirio Díaz en Sierra La Laguna | Fuente: Daniela Reyes
Sierra La Laguna alberga las reservas de agua que sostienen la vida de las poblaciones que habitan el desierto en el sur de la península de Baja California Sur. Esa es una de las razones por las que fue protegida como área natural.
A través de la Ley Minera, no solo se concesionan los minerales de la zona, sino también el agua que se encuentre en el sitio en las labores de exploración y explotación.
En Sierra La Laguna, el agua que la empresa encuentre, será propiedad automáticamente de la empresa minera sin la necesidad de solicitar una concesión de agua nacional por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En 2019 la minería ocupó el primer lugar dentro de las causas que generaron Sitios Potencialmente Contaminados, de acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la Semarnat, y de 632 sitios registrados como altamente contaminados, 84 correspondían a actividades mineras y 11 se encontraban en una ANP.
Para Porfirio la minería representa la extinción, ya que acapararía el agua y hay un riesgo potencial de que contamine los mantos acuíferos que abastecen la región sur de la península. Esta es una de las principales razones por las que las comunidades han permanecido unidas y no han sucumbido ante las ofertas de empleo y de compra de terrenos por parte de las compañías mineras.
Dentro de las afectaciones de una mina a cielo abierto en Sierra La Laguna está el daño al paisaje. Los impactos de una mina afectaría las actividades ecoturísticas en la región que han sido el sustento más fuerte de las comunidades ante la extinción de la ganadería como consecuencia de la escasez de agua en la región.
Pese a que las comunidades mantienen un no rotundo a las empresas mineras, no han recibido una suspensión definitiva de este tipo de proyectos por parte de la Secretaría de Economía, por lo que para ellos el riesgo de que regresen es latente, como lo han hecho en tres ocasiones.
Los rancheros aseguran escuchar detonaciones cada 15 días y sospechan que la empresa continúa operando de manera sigilosa muy cerca del Rancho Las Padercitas, que es una de las zonas más difíciles de acceder vía terrestre.
“A esas personas (empresas mineras) no les interesa realmente la riqueza de la naturaleza, lo inhóspito, ni las vidas de las personas, menos”, dice Porfirio, mientras concluye que para los rancheros proteger Sierra La Laguna es proteger su propia vida, la de su familia y la cultura ranchera que las comunidades representan.
Iniciativas para regular la actividad minera
Leticia Merino, Beatriz Olivera, Cecilia Navarro y Jorge Pelaez, integrantes de #CambiemoslaYa en rueda de prensa el 30 de marzo de 2023 | Fuente: Facebook Cambiemosla Ya.
Un grupo de organizaciones, comunidades, personas académicas y ciudadanía en general han conformado la colectiva Cambiémosla Ya con el objetivo de impulsar una serie de reformas a la Ley Minera para que esta priorice la vida, la salud y los derechos humanos.
Debido a que el marco legal permite la operación de minas en Áreas Naturales Protegidas por su carácter “preferente”, en 2021 la colectiva impulsó una iniciativa que modifica el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en reservas ecológicas, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero ha sido aplazada por el Senado de la República.
Además en rueda de prensa el colectivo informó que acaba de ser enviada una iniciativa con proyecto decreto que, aunque no está enfocada a Áreas Naturales Protegidas, si regula en materia de concesiones para minería y agua y brinda herramientas para todas las comunidades que están luchando contra intereses mineros en sus territorios.
Entre los principales cambios está la eliminación del carácter preferente que tiene la minería actualmente, cambia el orden de entrega de las concesiones y obliga a las empresas a contar con una manifestación de impacto ambiental y una concesión de agua antes de recibirla, de esta forma, Manuel Llano menciona que se modifica la forma en la que las mineras tienen acceso al territorio.
De ser aprobada esta Ley por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, las concesiones en Áreas Naturales Protegidas se mantendrían pero no podrían prorrogarse por otros 50 años como marca la actual legislación.
Esta reforma pretende brindar de mayores herramientas legales para la lucha anti-extractivista y su avance significaría un paso más hacia la abolición de un régimen de privilegios y violaciones a derechos humanos que ha caracterizado al sector minero en los últimos 30 años, señaló Jorge Pelaez, integrante de la Alianza #CambiemoslaYa,