El sonido es un zum, zum, zum. Torres gigantes con tres aspas que rotan sin parar se enfilan en el paisaje. En el trayecto está la carretera, los campos y el ejército de aerogeneradores de más de 100 metros de altura que forman parques eólicos. Zum, zum, zum, mientras el viento se siente con fuerza y las voces se escuchan por debajo de todo.

Al entrar al pueblo de Unión Hidalgo las torres van quedando atrás y la carretera se convierte en calles pavimentadas y muchas otras de terracería. Las casas son de un sólo piso con techos de adoquín, cemento o lámina. Nada es extravagante ni lujoso en esta comunidad Binnizá (binni, gente; zá, nube: gente que proviene de las nubes), también llamada zapoteca, perteneciente a la región Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, al sur de México.

Aún así, la vida ha cambiado. Sus habitantes dicen que trabajar la tierra y el ganado ya no rinde como antes, que el agua de los pozos escasea, que por este deterioro varias personas han migrado, que incluso las aves han cambiado sus rutas.

La instalación de parques eólicos que alguna vez fue la promesa del desarrollo se convirtió en una resistencia de más de una década. En este tiempo se han documentado desde contratos engañosos hasta violencia y contaminación. Actualmente el ambiente es de incertidumbre, pero también de firmeza.

Las voces de quienes viven en el Istmo son rotundas cuando dicen que no aceptarán más proyectos eólicos. Mientras tanto, las empresas que instalan los aerogeneradores reciben el reconocimiento de otros países por hacer del viento electricidad. El respaldo está con las energías renovables (que vienen del sol, aire y agua, entre otras) por considerarse aliadas contra la crisis climática.

Bimbo, Chedraui, Walmart, Nissan, Cinemex, Oxxo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma son algunas de las decenas de empresas que aparecen como beneficiarias por la producción de eólicas. Para especialistas, organizaciones, e incluso defensores del territorio, el problema no es que las industrias utilicen fuentes renovables, sino lo que durante los últimos 12 años esta generación de energía ha hecho con los modos de vida de las comunidades.

Causa Natura Media contactó a las empresas eólicas mencionadas en este reportaje, pero sólo se tuvo respuesta de la española Iberdrola manifestando que no se pronunciará al respecto. También se estableció comunicación con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) misma que contestó que no responderá a las dudas planteadas.

Cuando Guadalupe y otros vecinos de Unión Hidalgo acudieron a Oaxaca de Juárez, por primera vez en 2011, para buscar soluciones ante la eólica que se instalaba en sus tierras comunales, las autoridades le dijeron que qué suerte tenían en su pueblo porque había llegado una empresa que les iba a cambiar la vida.

Todo había comenzado dos años antes de aquella visita a la capital de Oaxaca. Guadalupe, de entonces 58 años de edad, y alrededor de 70 personas más habían firmado contratos con Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), entonces filial de la empresa española Renovalia Energy, que buscaba instalar el parque eólico Piedra Larga.

“Firmamos los contratos en el 2009 y en 2011 fue cuando empezó la construcción del parque eólico. Nos dimos cuenta que no era lo que se esperaba, no era lo que se había platicado. Sólo destruían”, recuerda Guadalupe Ramírez, desde su hogar en Unión Hidalgo.

Además, los contratos tampoco eran lo que se había acordado. Al tratarse de bienes comunales (un tipo de tierra agraria que se rige distinto al territorio formado por los estados) no se había consultado a la comunidad ni se había llevado un proceso legal claro.

En aquellos años, en las comunidades del Istmo se hablaba del desarrollo, de la generación de energía y de las nuevas oportunidades para un pueblo cuya vida siempre había sido la tierra y el campo. Esa era la información que tenían disponible y por la que aceptaron firmar. 

Al comenzar las quejas, las empresas y las autoridades estatales concedieron un par de reuniones para hablar de los términos de los contratos, pero no cedieron. De las 70 personas que habían firmado, la mitad decidió que lo mejor sería dejar las cosas como estaban. Seguir gastando en viajes para no obtener respuestas no estaba dentro de sus posibilidades.

«Así es como a veces perdemos las luchas, por falta de recursos para estar constantemente yendo a Oaxaca (capital) a que nos atiendan. No fue porque los demás no quisieran defender su tierra, sino porque no había dinero suficiente. Es muy triste saber que el compañero o la compañera no puede ir por falta de recursos», dice Guadalupe, quien a 12 años de aquella primera movilización ahora es una de las defensoras referentes para su comunidad.

Quienes decidieron que se mantendrían en la defensa para recuperar sus tierras, ese mismo año contactaron a la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) para recibir acompañamiento legal.

Tras un litigio de nueve años, en 2020, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22 de Oaxaca declaró la nulidad definitiva de contratos a favor de 11 personas, entre ellas Guadalupe Ramírez. Demex tendría que regresar las tierras correspondientes, pero el parque eólico podría seguir su actividad con regularidad en las zonas donde los contratos no habían sido apelados, como había sido desde su inicio de operaciones.

Dichos permisos son los que establecen la capacidad de megavatios (MW), la descripción de las instalaciones, los socios que recibirán ese abastecimiento de electricidad, la vigencia del permiso, entre otros acuerdos. 

La mayoría de las eólicas se tramitaron bajo un modelo de autoabasto, que significó generar electricidad en sus propias plantas sin depender del suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y aunque la categoría de autoabastecimiento desapareció legalmente con la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013, los permisos no fueron cancelados inmediatamente ya que se estableció un periodo de transición.

El actual mandatario Andrés Manuel López Obrador ha sido crítico de esto asegurando que las empresas mantuvieron sus beneficios y que sus socios “pagan menos en electricidad que una tienda de abarrotes”. Por lo que decidió acelerar la cancelación con una reforma eléctrica que ha sido detenida mediante amparos de algunas empresas que argumentan pérdida de competitividad y el relegamiento de las energías renovables.

En el caso de los permisos otorgados a Demex, ambos pertenecen a los polígonos que forman el parque eólico de Piedra Larga. Sólo que el primero se dio desde 2009, teniendo como empresa líder a la española Renovalia Wind, y el segundo en 2012 conocido como Piedra Larga Fase 2, bajo la también española Gamesa.

En el caso de Renovalia Wind, el permiso E/823/AUT/2009 describe una central eoloeléctrica de 152 aerogeneradores divididos en dos polígonos. Cuenta con 27 socios para la demanda de esta energía, entre los que se encuentran empresas como Suburbia, Barcel, Ricolino, Bimbo y Walmart.

Por parte de Gamesa, al parque Piedra Larga Fase 2 se le asignó el permiso E/939/AUT/2012 para una central eléctrica con 60 aerogeneradores y una capacidad máxima total de 137.50 MW. Sus socios son Walmart, Suburbia y Vips.

A Piedra Larga le han seguido decenas de parques en la región. De acuerdo con la información de la CRE otorgada vía transparencia, actualmente existe un registro de 28 permisionarios distribuidos entre los poblados de Juchitán, Unión Hidalgo, La Venta, La Ventosa y El Espinal. Los permisionarios representan a los parques que hay actualmente en esta zona.

Del total, 13 son propiedad de empresas españolas como Acciona, Gamesa, Iberdrola y Naturgy, mismas que utilizan filiales para que funjan como las permisionarias. También hay un proyecto de la austriaca Alpla, uno de la estadounidense Walmart, uno de la italiana Enel Green Power y otro más de la japonesa Mitsui en alianza con la francesa Electricité de France (EDF).

“El tema no es que se pongan o no los proyectos eólicos. El tema es cómo se regulariza la instalación si ya tienes 28 parques en la región que, además, están sobrepasando la capacidad de las redes de transmisión eléctrica”, explica Juan Antonio López, coordinador de Justicia Transnacional en ProDESC y acompañante de la batalla legal de Unión Hidalgo.

“Si tienes daños que ya están afectando más ampliamente al sistema regional, medioambiental, a la salud y al entorno social. ¿Lo ideal sería poner más parques ahí?”, cuestiona.

A Rosalva Fuentes fue aquel ruido el que la motivó a entrar en la defensa que se formaba en su pueblo. Acostumbrada a dormir en una hamaca afuera de su casa, con sólo el trinar de los grillos y el aire soplando, escuchar por primera vez el sonido de los aerogeneradores le resultó inquietante. 

«La primera vez mi mamá también despertó y con mucha sorpresa me dijo que era el ruido de los parques eólicos», recuerda Rosalva, de 54 años, desde su casa en Unión Hidalgo.

El ruido incesante, las afectaciones a pozos de agua de la comunidad, la contaminación de ríos como el Espíritu Santo, la muerte de animales como murciélagos y el cambio de ruta de aves migratorias que antes volaban sobre esta región, todo se atribuye a la saturación de parques eólicos. 

A pesar de que en los sitios oficiales de las empresas se asegura que los parques no interfieren con las actividades y vida de las comunidades, sus habitantes dicen lo contrario. 

“Las energías eólicas pueden ser buenas, no lo sé, pero la manera de desarrollarlas es lo que no es correcto. Puedes ver que invaden tierras, cavan profundo y meten mucho cemento (para la infraestructura). Las aguas se desvían y no hay manera natural de que pasen a los ríos y a los pozos. Pienso si en 30 años ya no vamos a tener agua”, describe Rosalva.

“Nuestra posición es clara que no queremos ni una empresa eólica más, ninguna industria más, porque no hay beneficios reales para las comunidades”, señala Mario Quintero, uno de los integrantes de esta Asamblea. A su voz se suman la de los defensores de Unión Hidalgo, La Ventosa y La Venta.

Mientras que especialistas opinan que el caminar hacia una transición justa, requerirá de poner en una balanza los resultados. Pero a la fecha, no hay ni estudios ni respuestas oficiales que puedan dar claridad.

“Esta transición energética y este impulso a las energías renovables no puede ser para unos a costa de otros… Si tú me preguntas el escenario ideal, pues sería con procesos que impliquen la adecuada participación y consentimiento de las personas que van a ser potencialmente afectadas”, agrega Ángeles Hernández, del Observatorio de la Ibero.

Mientras tanto, las torres gigantes con tres aspas siguen rotando sin parar. Zum, zum, zum, mientras el viento se siente con fuerza y las comunidades Binnizá continúan su organización con la firmeza de que ya no lleguen más proyectos.