“Los bienes nacionales son de todos. Las playas son de todos y en ese sentido deben de ser públicas y nadie tiene derecho a comprarlas ni adueñarse de ellas”, señala Castro, conforme el artículo 127o y 8vo de la Ley General de Bienes Nacionales.

La Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), de acuerdo a su reglamento es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa, mientras que la playa es la parte de tierra que por efecto de la marea cubre y descubre el agua.

La Ley establece que el acceso a ambas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento y que en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la Zofemat deberán permitir el libre acceso, a través de servidumbres de paso (permisos para transitar) y que debe definir con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los accesos ya sean servidumbres de paso o los caminos vecinales, que también son bienes públicos, deben ser respetados y en ningún momento incorporados a una propiedad privada, conforme a la ley. 

 “Eso debe sancionarse y regularse antes de que suceda”, opinó Carmina Valiente, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

En Puerto Mejía y en el camino El Saltito-Las Cruces se identificaron que las vialidades obstruidas son vía pública por ser un acceso vecinal en el primer caso, y por ser el libramiento norte de las cruces en el segundo, cuyo registro está en la Red Nacional de Caminos. 

El libramiento conecta la carretera con las playas pero también es el acceso a dos predios, uno en El Saltito y otro en Las Cruces. Este camino estaba obstaculizado por dos plumas para limitar el acceso. De acuerdo con Pavel Castro, este camino aunque esté dentro de las propiedades es propiedad de la Junta Estatal de Caminos.

Castro explica que para atender oportunamente se hizo todo un análisis jurídico y se integró un operativo interinstitucional entre Semarnat, Conagua, Zofemat La Paz y Bienestar que representaron al gobierno federal; mientras que al municipio lo hicieron Tránsito Municipal La Paz, Catastro y la dirección jurídica del Ayuntamiento de La Paz.

A través de este operativo se liberaron tres playas (El Saltito, El Carrizalito y El Carrizalito 2). Se retiró la primera pluma en el predio El Saltito, donde Castro menciona que también se había obstaculizado el acceso a un arroyo considerado zona federal por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y que conduce a la playa, con palmeras, vallas de metal y alambres de púas.

Prospero Tapia, quien se identificó vía telefónica como el representante de la compañía que es dueña del predio El Saltito, y es Presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur de acuerdo con su página web, señaló que el Ayuntamiento de La Paz actuó de forma abusiva, parcial y “fuera de cualquier norma sin ser la autoridad competente”, ya que sostiene que se trata de una servidumbre de paso que conecta sólo El Saltito con Las Cruces y que está dentro de propiedad privada.

“Ellos lo están viendo que es un camino que conecta dentro de un propio terreno pero no es así, es un camino que conduce desde la playa hacia la carretera”, señaló Castro.

Tapia aclara que en ningún momento se han opuesto a que ingresen las personas a la playa, pero aboga porque sea un uso regulado como en playa Balandra, lo cual también ve poco factible debido a la poca presencia de las autoridades, señaló.

“Ahora tenemos a la gente que, lamentablemente, muchos son gente con poca conciencia ecológica, y se meten a la playa con vehículo donde se están desovando las tortugas y no les importa nada y pues hay que estarse peleando con ellos”.

El segundo portón en Las Cruces también fue retirado y ahora hay guardias de seguridad y cadenas que controlan el acceso. Inclusive los propietarios del predio interpusieron un juicio de amparo que les fue negado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y se ratificó el derecho a acceder a los bienes nacionales.

Para este reportaje Causa Natura Media contactó al representante legal del Rancho Las Cruces y solicitó una entrevista a través de los teléfonos en su página web pero no respondieron.

“Sabíamos que iba a haber resistencia porque por 10 ó 20 años se acostumbraron a un privilegio, a una exclusividad”, señala Castro, quien actualmente enfrenta dos denuncias por parte de propietarios inconformes que le acusan de abuso de autoridad y despojo en los operativos.

“Nosotros sabemos que vamos a ganar, tenemos la razón jurídica, incluso social y la justicia de nuestro lado”. 

A su vez el Ayuntamiento de La Paz ha interpuesto denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se realicen verificaciones, mientras que esperan que las sanciones sean impuestas por la autoridad competente que es Semarnat. “Van desde los 300 mil pesos aproximadamente la multa hasta la pérdida de la concesión pero ya escapa de nuestra jurisdicción”, explicó Castro.

Valiente señala que en el discurso al ser bienes públicos no se pueden privatizar, pero en la práctica si se hace a través del uso inadecuado de las concesiones de las Zona Federal Marítimo Terrestre y mediante el cierre de los accesos o el control del acceso a la Zofemat y a la playa.

En Baja California Sur hay 210 concesiones de Zofemat que representan 2 millones 967 mil 489 metros cuadrados de superficie, de acuerdo con información proporcionada por Semarnat a través de una solicitud de información.

Pavel Castro señala que el principal argumento de los concesionarios para limitar el acceso y el derecho de uso de las playas es la contaminación generada por quienes la visitan y por el ingreso de vehículos. Ya que los concesionarios tienen la obligación de mantener limpio el espacio y si no lo hacen, la Profepa tiene la obligación de quitarles las concesión.

“Al perder la concesión, alguien más puede solicitarla y eso representa un riesgo para quien lucra con la playa, o bien, para quien quiere preservarla frente al interés de lucro de otros. Eso les da al concesionario la justificación para impedir, si es posible, o limitar el acceso a la playa mediante un estrecho camino, un estacionamiento y el establecer horarios, como si fueran dueño de las playas, pero eso es ilegal”, señaló Valiente.

Por ser un bien que pertenece a todas las personas del territorio mexicano, el Estado tiene la obligación de administrarlo y protegerlo para el bien común, pero si no lo hace particulares y privados ocupan este lugar, argumentó.  

“Y esto está sucediendo porque las playas se han convertido en un negocio para la industria turística y especialmente inmobiliaria relacionada a la valoración turística de un territorio”, añadió.

En el caso de Puerto Mejía, al oeste de El Saltito, fue denunciado por pescadores y visitantes que iban a la zona y se les limitaba el acceso a un camino vecinal que conduce a la playa. El Ayuntamiento de La Paz retiró el portón, sin embargo, los propietarios de los terrenos colindantes con la Zofemat interpusieron un amparo que aún no ha sido resuelto.

De igual manera, se contactó al representante legal del propietario del predio en Puerto Mejía para que diera su versión de los hechos. Pidió el anonimato de su nombre y  respondió que “toda vez que este asunto se encuentra en un proceso judicial, consideramos no resultaba el momento adecuado para realizar alguna declaración”.

“Exclusivo resort de playa junto al mar en Baja ubicado en un santuario natural de más de 10 mil acres y 7 millas de costa prístina privada”, se lee en la página web de un hotel ubicado en Las Cruces.

El interés por tener un uso privado de las playas viene del sector turístico-hotelero que quiere que sus clientes gocen de un uso exclusivo de ellas, señaló Valiente. 

Sin embargo, el modelo de crecimiento costero ha cambiado y hoy se tiene presión por una urbanización de los litorales con residencias turísticas o segundas residencias, cuyos propietarios también quieren disfrutar de un uso exclusivo de este espacio, apuntó. 

En Las Cruces, señala Castro, se trata de propietarios de grandes terrenos y con grandes capitales que “venden de alguna manera la idea de la exclusividad y entonces sus terrenos adquieren mayor valor pues bueno, habrá que encontrar el término medio, entre ofrecer el desarrollo y también el disfrute de las playas”.

“La playa es un recurso natural que genera ganancias multimillonarias. Es un valor de cambio que está invisibilizado. Es un recurso natural que genera rentas para el gobierno, para el sector inmobiliario y especialmente para el sector hotelero y el sector turístico. En resumen, la playa se ha convertido en un negocio, como recurso natural, como sistema natural, como paisaje”, dijo Valiente.

Por esto, señala que debería haber una delimitación de acuerdo al valor de uso, ya que si hay una gran demanda del espacio por tantos sectores, debería de ampliarse la Zofemat y no restringirse a 20 metros, sobre todo en un espacio donde el bienestar de la población depende del acceso que tiene al mar.

La Semarnat es la encargada de delimitar la Zofemat mientras que la Profepa se encarga de la gestión del espacio en términos de manejo y cuidado. En el caso de las playas, cuando estás no tienen concesionario es la Profepa quien se encarga de administrarlas, de garantizar el acceso y de mantenerlas limpias.

En cambio, si hay un concesionario que pague por el derecho de lucro exclusivo de la playa a la dirección municipal de Zofemat, es el concesionario quien se encarga de esto. 

Valiente enfatizó en que no hay un ordenamiento ecológico de las playas como tal y hace falta que se integre su protección como sistema natural a los programas de ordenamiento ecológico y a los planes parciales de desarrollo urbano. 

Además que la delimitación del espacio urbanizable y de la Zofemat, que es una delimitación ambigua y variable, son insuficientes para evitar procesos de erosión.

Al no existir estas herramientas de ordenamiento o no ser claras, favorecen a que se le deje a los concesionarios la gestión del bien común cuando debería ser una cogestión, por ser un recurso de uso común o la pérdida de este, señaló.

El Código Penal para el Estado de Baja California Sur establece de tres a siete años de prisión o multa de mil a tres mil días a quien cierre, obstaculice, destruya o impida el acceso a las playas o zona federal marítimo-terrestre, pero en la aplicación de la Ley hay fallas por parte de Profepa, no hay consecuencias y eso desalienta la denuncia.

“En Semana Santa, ante la alta demanda de uso, los gobiernos municipales y federal empiezan a liberar playas para que sea noticia, porque saben que la gente va a exigir su derecho. Frecuentemente pasando Semana Santa se olvidan de todo. Tiene que haber un ejercicio constante de velar por el mantenimiento de los bienes públicos. Esa es la función del Estado. Pero la mayoría de las veces, lo que sucede con las denuncias por el cierre de las playas es que no hay consecuencias, y por eso nos cansamos como ciudadanos de ir a perder el tiempo en denunciar”, señaló.

Y en parte señaló que esto se debe a una falta de claridad de las competencias jurídicas y de la competencia de cada autoridad, así como de la debilidad institucional.

“Este gobierno municipal (La Paz), también liberó playas antes de Semana Santa. En parte pienso que porque le da visibilidad  política al gobierno municipal, pero también porque se está respondiendo a una necesidad de la población. Lo importante ahora es que se le dé continuidad a esta orientación hacia la preservación de lo público”, señaló Valiente.

Sin embargo, Castro señaló que aunque actualmente se impulsó como una política pública, espera el próximo año impulsarlo como un programa presupuestado y que siga con una segunda etapa en la que van a revisar y dar certeza a lagunas legales que han identificado en los reglamentos y leyes para defender los bienes nacionales.

También señala que hace falta atender los accesos que están dentro de las propiedades y que deben establecerse con Semarnat, ya que eso actualmente solo depende de la voluntad de los propietarios.

“Si yo (propietario) no defino un acceso ante Semarnat y no lo registro aquí en Catastro, pues pueden pasar 10, 20 años y yo nunca hice un acceso a la playa y digamos que el ayuntamiento no está facultado como para obligar a decir, “registrarlo, ahorita”, es facultad de Semarnat, pero no queremos es que pasen 10, 20 años sin que eso ocurra”, señaló Castro.

Pese a estas lagunas, Castro señala que de ninguna manera se va a invadir ni despojar a nadie de sus bienes, simplemente está tratando de conciliar el acceso y el libre paso de las playas y el sector inmobiliario y hotelero.

Como sistema natural, paisaje y espacio imprescindible de acceso al mar, las playas son un recurso finito y no renovable. Al urbanizarse se pierden para siempre y de hecho, Valiente señala que en BCS hay kilómetros de litorales que ya se perdieron porque fueron urbanizadas. Este es el caso de Los Cabos, donde ni siquiera se puede ver el mar porque ha sido amurallado. 

“Con esta pérdida se está perdiendo también la seguridad alimentaria, la posibilidad de acceder a los recursos marítimos, y eso es muy grave”

Ahora que los accesos están abiertos, las personas están explorando nuevas playas que habían estado cerradas por años y las autoridades como Zofemat, por fin pueden acceder a ellas para hacer trabajos de limpieza porque “era propiedad privada”.

La defensa de las playas públicas es un movimiento que moviliza y se articula fácilmente para accionar por ejemplo, a través de grupos de facebook como Playa para tod@s donde más de dos mil personas comparten denuncias sobre posible privatización de playas.

“Sirve para las personas interesadas como yo, para tener reunidas las publicaciones, las denuncias, toda la información relacionada a playas en Baja California Sur, especialmente en La Paz”, señala Valiente, fundadora de la iniciativa.

Esta lucha ha permeado también en la cultura, generando incluso música en torno a estas resistencias como la canción Baja Love de la banda sudcaliforniana Venados Muertos, que critica el modelo de desarrollo.

Sin embargo, Valiente señaló que hacen falta campañas educativas de sensibilización del cuidado de la playa, así como se hace de otros ecosistemas como los manglares. De esta forma la ciudadanía también se puede involucrar en la cogestión de este espacio, cuidar de él y mantenerlo limpio.

“Porque si se lo delegamos al gobierno y a la propiedad privada, pues ellos van a empezar a poner reglas a su favor y eso nos va a perjudicar. Si nos involucramos, podemos demandar, podemos exigir nuestro derecho”, señala Valiente.