Especialistas y poblaciones mayas se han manifestado contra las irregularidades de los proyectos de energías limpias en Yucatán. En dos poblaciones ejercieron acciones contra las empresas, pero en otros casos las fábricas fueron instaladas. Fotografía de archivo de Lilia Balam
A la espera de justicia: la lucha de pueblos mayas contra fotovoltaicas en Yucatán
26 septiembre, 2023
Las subastas de largo plazo de energía ocasionaron que un aluvión de megaproyectos de energías limpias arribaran a Yucatán. En la primera subasta, del 2015, la mitad de los proyectos ganadores fueron asignados al estado. Aunque parecía un avance para evitar el uso de combustibles fósiles, lo cierto es que algunas empresas violaron los derechos de las poblaciones mayas en las que pretendían establecer parques solares o eólicos. Pueblos mayas se organizaron contra algunas compañías, y aunque las subastas se cancelaron en el 2018, las comunidades siguen en tensión, esperando acceder a la justicia.
Por Lilia Balam
Reina el silencio pero no la quietud. Las hojas se agitan vigorosamente en cada uno de los árboles del monte. Es casi mediodía, pero el cielo en San José Tipceh, un poblado de poco más de 500 habitantes perteneciente al municipio de Muna, ya no es del tono azul estival que lo caracteriza. Ahora las nubes, de un gris metálico intenso, cubren el monte y con ráfagas de viento amenazan con romper la tranquilidad en forma de tormenta.
Es una calma tensa la que están viviendo las y los pobladores de la comunidad desde el año pasado. Tras presentar una demanda de amparo para evitar la construcción y operación de los parques fotovoltaicos Ticul A y Ticul B en su territorio, el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa en Yucatán decidió suspender los permisos otorgados a la empresa propietaria.
“Sólo queda esperar a la sentencia. Una vez que tengamos la sentencia, se acaba todo”, explicó en entrevista para Causa Natura Media Aurelio Mugarte, ejidatario de San José Tipceh, y uno de los promoventes de la demanda.
Los parques solares que se pretendían instalar en esa localidad forman parte del aluvión de megaproyectos de energías limpias que arribaron a Yucatán con las Subastas de Largo Plazo de energía (SLP), realizadas de 2015 a 2017, bajo el argumento de evitar el uso de combustibles fósiles.
Eso parecía un avance. No obstante, algunas empresas violaron los derechos de las comunidades mayas donde pretendían establecerse. Algunos pueblos se organizaron para evitar que las fotovoltaicas entraran en funcionamiento, pero a más de cuatro años de lucha siguen en suspenso, sin obtener justicia.
Así llegó el “progreso”
Los rumores del establecimiento de parques de energías limpias en Yucatán brotaron en el 2013, a raíz de la identificación de sitios idóneos para la instalación de granjas eólicas o solares, de acuerdo con la ingeniera ambiental Jazmín Sánchez, quien forma parte de Articulación Yucatán, un colectivo conformado por especialistas de distintas áreas en respuesta al arribo masivo de megaproyectos energéticos.
Sin embargo, la ola de proyectos llegó con la Reforma Energética del 2015, cuando se abrió el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y arrancaron las SLP, para que el sector privado generara y comercializara energía.
La primera subasta se realizó en 2015 y, de los 18 proyectos ganadores, la mitad fueron asignados a Yucatán. Las subastas se realizaron durante tres años consecutivos hasta que la correspondiente al 2018 fue cancelada por el gobierno Federal, pero la llegada de los megaproyectos no se detuvo con ello.
“No son procesos aislados. Generalmente, hay entrecruces con otros megaproyectos que se observan en la región. Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario que se da en las zonas turísticas de alto impacto: vemos más este tipo de desarrollos, pero no van de manera aislada, es un conjunto de proyectos que están relacionados”, explicó la ingeniera Sánchez.
En 2013 brotaron los rumores del establecimiento de proyectos de energías limpias en Yucatán. Fotografía de archivo de Lilia Balam.
En el caso de los parques de energías limpias en Yucatán, el “boom” está relacionado con la fuerte demanda de electricidad que hay en el sureste, en parte provocada por la industria turística de Quintana Roo, precisó el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), e integrante de Articulación, Rodrigo Patiño.
Las características geográficas del estado también lo hacen atractivo a ese tipo de inversiones, pues hay un fuerte potencial tanto eólico como solar en la región, detalló Sánchez.
Hasta el 2021 se tenía registro de al menos 29 proyectos energéticos de gran escala en la entidad: cinco de los cuales ya operaban en aquel año, 14 contaban con evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y 10 no tenían ningún permiso o estaban con las gestiones a medias.
Del total, 17 eran parques eólicos y 12 eran fotovoltaicos: dos estaban en funcionamiento; ocho autorizados y dos no tenían permisos o contaban con ellos parcialmente, según datos proporcionados por la Articulación Yucatán.
Violaciones a los derechos de los pueblos mayas
“A partir de la reforma [energética], el territorio se convirtió en un recurso para hacer mercancía energética, y eso ya es un parteaguas, porque empiezan las solicitudes y la expedición de permisos de la CRE, entonces se vuelve un proceso como el del parcelamiento”, precisó la antropóloga Ivett Reyes, integrante de Articulación.
Esto se evidenció con el actuar de las empresas al llegar al estado. Especialistas de Articulación detectaron un patrón en dichos procesos. Para empezar, los parques eólicos y fotovoltaicos requieren grandes extensiones de terreno. Entonces las compañías recurrieron a comunidades alejadas de la capital del estado, que en su mayoría son territorio del pueblo maya.
Aunque en algunas poblaciones sí se organizaron consultas indígenas, éstas no cumplieron a cabalidad con el requisito de informar de manera adecuada para después preguntar si aprobaban la instalación de algún megaparque, tal y como establecen las leyes mexicanas respaldadas por los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Lo ven como un trámite, porque no se hace de manera adecuada, no se informa de manera correcta y, finalmente, es una simulación”, precisó Patiño.
Otro factor que se repite es el de los conflictos generados por las tierras ejidales, pues al ser de propiedad social, las decisiones sobre qué hacer con ellas suelen ser complicadas para las comunidades enteras.
“Algunas personas están de acuerdo en recibir un monto por el usufructo de las tierras y otras no. Esto genera tensión dentro del ejido y entre la comunidad, porque hay gente que no es parte del ejido, y a ella nadie le pregunta qué opina”, precisó Patiño.
San José Tipceh
En 2016, en San José Tipceh, el entonces comisario ejidal Gabriel Fuentes informó a los ejidatarios que dos particulares, Ignacio y Mario Salomón, establecerían un proyecto de siembra de cítricos y stevia. Los tres organizaron reuniones para convencer a los ejidatarios de ceder 30 hectáreas de terrenos ejidales para ello, pero había preocupaciones al respecto y los hombres del campo no aceptaron.
San José Tipceh, comunidad de Muna, se encuentra a la espera de justicia. Fotografía de Lilia Balam
Después de una de esas juntas, el comisario les pasó una lista de asistencia, que supuestamente serviría para corroborar que participaron en las reuniones. Los ejidatarios firmaron, sin saber que esa hoja luego sería utilizada para falsificar dos actas de asambleas ejidal, en las cuales aprobaron un contrato de usufructo de 300 hectáreas de monte, recordó Mugarte.
Lo supieron meses después, al notar maquinaria abriendo brecha en el terreno. Eso desató el conflicto, pues algunos no querían otorgar sus tierras. Sin embargo, el comisario comenzó a presionarlos para acceder, y amenazó con que si no aceptaban, perderían sus terrenos por completo. La mayoría firmó.
Mientras tanto, comenzaron a llegar antropólogos a la comunidad para hacer entrevistas, pero la población no sabía con certeza para qué eran éstas.
Ejidatarios se enteraron de que los terrenos tanto de San José Tipceh, como de Plan Chac, comunidad del municipio Sacalum, no eran para un proyecto de siembra, sino para instalar dos parques fotovoltaicos: Ticul A y Ticul B.
El primero requeriría 440.75 hectáreas para instalar 774 mil 300 paneles solares y el segundo, 234.744 hectáreas para la colocación de 409 mil 200 paneles.
Los proyectos eran de las empresas Vega Solar 1 S.A.P.I. de C.V., y Vega Solar 2 S.A.P.I. de C.V., respectivamente. Ambas ganadoras en la SPL de 2015 y subsidiarias de SunPower Corporation.
Causa Natura Media contactó a SunPower. Personal de marketing de una de sus empresas subsidiarias, Maxeon, negó tener información al respecto. Sugirió buscar directamente a la compañía en Estados Unidos. Hasta el cierre de esta edición, el correo electrónico que se le envió no había sido contestado.
Conflictos de tierras
Cuando se supo el uso que se brindaría a los terrenos, se desataron conflictos por los contratos de usufructo de las tierras. A los ejidatarios les ofrecieron un pago de 10 mil pesos por cada hectárea, pero ellos rechazaron la oferta.
A mediados de julio del 2016, los Salomón ofrecieron un pago de 3.2 millones de pesos por la venta de las tierras, presuntamente eran intermediarios de la empresa energética, de acuerdo con un informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Consejo Regional Indígena Popular de X’pujil (CRIPX).
Posteriormente, ocurrieron anomalías en las negociaciones. La empresa indicó que ya se había hecho un primer pago de arrendamiento de 4 millones de pesos. Sin embargo, solamente entregaron 3.2 millones por la compra de los terrenos, la cual acreditaron con las actas falsificadas.
Cuando los problemas escalaron de tono, las y los pobladores buscaron asesoría de organizaciones de defensa de derechos humanos y solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una consulta pública de información.
Gracias a esa petición, a finales de 2016 se hizo una reunión en el Cinvestav, en la cual participaron especialistas en materia ambiental, defensoras y defensores de derechos humanos, representantes de la empresa, así como pobladoras y pobladores.
Los ejidatarios intentaron renegociar los términos del contrato directamente con la compañía, sin intermediarios. Se llevaron a cabo varias reuniones hasta llegar a un acuerdo, pero al final la empresa no dio copia del contrato a los propietarios de las tierras.
Tocando la puerta de la CIDH
En diciembre de 2016, el caso se presentó en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ahí un representante de la Secretaría de Energía (Sener) reconoció que los parques fueron autorizados y planeados sin contar con una consulta indígena de forma libre, previa, informada y culturalmente adecuada.
Gracias a esa estrategia, la Secretaría se comprometió a hacer la consulta indígena, y en abril de 2017 se realizó la primera asamblea informativa. A la par, la empresa comenzó a pagar 3 millones 700 mil pesos semestrales por la renta de las tierras. Se siguió con las negociaciones para establecer un contrato, pero constantemente se modificaban los términos acordados.
El proceso culminó con la fase consultiva en noviembre de 2018, cuando la comunidad dio su consentimiento para la construcción de las granjas solares.
Sin embargo, en su informe DPLF y el CRIPX dieron cuenta de diversas irregularidades, entre ellas: acarreados, cambios de domicilio, votos de muertos, agresiones físicas y amenazas.
Dos personas resultaron heridas, y desde entonces “la comunidad quedó completamente dividida, y las asambleas se convirtieron en procesos de simulación o apariencia de ‘buenas prácticas’ empresariales e institucionales”, de acuerdo con lo precisado por el documento.
En 2019 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió observaciones sobre el proceso de consulta: establecimiento de intereses a partir de los contratos de arrendamiento previo a la consulta; falta de información culturalmente adecuada, sin traducción al maya ni resolución de dudas ni inconformidades.
“El proceso de consulta fue bastante tenso, porque confrontó y terminó con una ruptura comunitaria”, precisó Felipe Romero, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y quien asesora el caso contra las fotovoltaicas Ticul A y Ticul B.
La amenaza sobre la selva y el acuífero maya
Requerir áreas muy amplias para instalar los paneles solares no constituye un problema grave en zonas despejadas o desérticas, pero en Yucatán, un estado biodiverso con ecosistemas frágiles, cubierto de selva baja, con un suelo kárstico y un importante sistema acuífero con un estado de salud precario, sí lo es.
Los parques proyectados para operar en la entidad contemplaban la deforestación de varias hectáreas de selva subcaducifolia. Esto no sólo pondría en riesgo a diversas especies animales, como las aves migratorias que encuentran refugio en la entidad. De acuerdo con Sánchez, de Articulación Yucatán, el desmonte está relacionado con la erosión del suelo, debido a la pérdida de vegetación. Eso representa un peligro, ya que los suelos yucatecos son delgados y permeables.
De esta forma, la deforestación no sólo pondría en riesgo a la flora y a la fauna, también podría incidir en la calidad del acuífero.
Por otro lado, la selva tiene una función importante para la región como reguladora de la temperatura: la vegetación genera microclimas más frescos. Si a esto sumamos que los paneles, si bien capturan radiación, también generan bolsas de aire caliente en la parte inferior, es prácticamente un hecho de que la temperatura se incrementaría, y eso cobra vital importancia en una entidad donde se superan los 30 grados centígrados y que ha sido azotada con olas de calor en los últimos años.
Todo esto sin contar que la selva está vinculada con los modos de producción y cuidado de las poblaciones mayas, por lo cual el desmonte significaría la pérdida de ingresos para muchas personas.
“La propaganda de los contratos de usufructo es que son rentas de la tierra, pero no es así, porque los ejidatarios no disponen de los terrenos cuando lo requieren. Ya no tienen acceso a la tierra y otras personas sacan ganancias del territorio”, sostuvo.
No conformes con no brindar información completa a la población, las empresas fotovoltaicas también recurrieron a trampas para no evidenciar el verdadero impacto ambiental que tendrían los parques solares, de acuerdo con Articulación Yucatán, que identificó casos de empresas que entregaron evaluaciones de impacto ambiental sin estándares científicos, únicamente con el objetivo de cumplir con el trámite.
Sin análisis acumulativo
En su momento, los parques Ticul A y Ticul B de San José Tipceh fueron promocionados como uno solo: “el más grande de Latinoamérica”.
Pero para conseguir las autorizaciones correspondientes de cambio de uso de suelo, la empresa SunPower no declaró que ocuparía 675 hectáreas para instalar un millón 183 mil 500 paneles solares, sino que dividió el proyecto en dos, de acuerdo con una persona que colaboró en peritajes de impacto ambiental de esos parques y solicitó resguardar su identidad por motivos de seguridad.
“Era un proyecto que estaba fragmentado. Eso reduce el nivel de impacto que vas a tener. Obviamente un proyecto de 600 hectáreas implica un impacto muy mayor que uno de 300 al cambiar la vegetación”, precisó.
Planos de los parques Ticul A y Ticul B, elaborados por el CEMDA.
Además, la empresa omitió informar la cantidad y procedencia del agua que requeriría el proyecto; y no se contaba con suficiente información sobre el manejo y monitoreo de las especies terrestres y voladoras de la zona, algunas de las cuales están protegidas por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059, de acuerdo con el abogado Romero.
En su evaluación de impacto ambiental, la empresa SunPower admitió que existirían afectaciones vinculadas a la calidad y pérdida de suelo, alteración al confort sonoro, contaminación atmosférica por los polvos que levantaría la maquinaria constructora, pérdida de cobertura vegetal, afectaciones a especies protegidas y cambios en el paisaje asociados a la modificación del paisaje natural.
No obstante, de acuerdo con la persona que participó en el peritaje y quien pidió guardar su identidad, no se consideró el manejo de residuos peligrosos, cambios en el clima, los impactos en los recursos hídricos y los ocasionados por la fragmentación del hábitat; como tampoco las afectaciones a la selva, su capacidad de captura de carbono y resguardo de especies.
Causa Natura Media preguntó a esta persona cómo la empresa consiguió los permisos pese a tantas irregularidades.
“Fue una omisión de la autoridad. Ellos decidieron pasar por algo todas estas irregularidades del proyecto, que en su momento se pudieron haber subsanado. El proyecto, como fue planteado, incumple con la legislación ambiental. Desde ahí, ya es inviable”, afirmó.
Ninguna de las empresas que pretendían establecerse en Yucatán presentó algún estudio de impacto global, de impacto acumulativo, sinérgico o residual, de modo que no hay manera de conocer cuáles podrían ser los efectos ambientales de mantener un parque solar operando durante 30 años. Esto es importante dado que ya hay proyectos fotovoltaicos operando en la entidad.
Articulación Yucatán señaló que hasta ahora no se ha realizado un análisis integral de las necesidades energéticas y las capacidades y conflictos socioambientales de manera regional, pese a que en la Reforma Energética se mencionaba la implementación de un instrumento llamado “Evaluación Ambiental Estratégica”, en zonas con alto potencial energético como Yucatán. Por ello, recomendaron realizarla a la brevedad.
De igual forma, enfatizaron que si la transición energética busca disminuir el consumo de combustibles fósiles, los proyectos deberían redistribuirse, ser comunitarios, vecinales o apostarle al autoconsumo, para que no requieran grandes extensiones de terreno ni generen graves impactos ambientales ni sociales.
“No pensar en la energía como mercancía. Se tendrían que revisar las formas de producción y buscar maneras de reducir los consumos, sobre todo de los grandes consumidores. Hacerlo de manera justa: pensar en el acceso de consumidores domésticos y de quienes no tienen acceso a energía. Si pensamos que la energía es un bien público, nos dejamos de pensar como consumidores y nos asumimos como gestores, podemos pensar en proyectos comunitarios”, precisó la antropóloga Reyes.
Pueblos mayas en lucha y suspenso
Ante los atropellos, las pobladoras y pobladores de San José Tipceh y Plan Chac presentaron una demanda de amparo contra la construcción de los parques Ticul A y Ticul B, ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Yucatán, en mayo del 2019, acompañados por CEMDA.
Reclamaron la violación a los derechos a un medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de los pueblos.
Si bien el juez rechazó la petición de una medida cautelar, las comunidades apelaron ante el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, que en junio del 2022 ordenó la suspensión inmediata de todas las obras hasta que concluya el juicio de amparo y repetir una audiencia.
CEMDA apuntó que dicha audiencia ya se llevó a cabo, por lo cual está en espera de resolución. Se espera obtener noticias en un par de meses, aunque no hay un plazo establecido.
Juicio agrario
Los ejidatarios de San José Tipceh también promovieron un juicio agrario en diciembre del 2018 para defender los derechos colectivos de sus tierras. Actualmente, se encuentra en la Segunda Instancia tras presentarse un recurso de revisión.
Sin embargo, los firmantes están en total incertidumbre, pues su asesor era Ricardo Lagunes, defensor medioambiental que desapareció en Colima en enero de este año.
“Así como estoy, estoy ciego. No veo nada. Después de que Ricardo desapareció me habló un compañero [que también estaba en el proyecto], Sergio [Oceransky], y sólo me dijo ‘nos ausentaremos un tiempo’. Ahora le marco y no me contesta”, precisó don Aurelio.
Desde el año pasado la empresa dejó de hacer los pagos por el arrendamiento. En la comunidad se desataron rumores de que la empresa había suspendido los proyectos, que los vendió. Aunque eso hizo que la calma retornara a la población, lo cierto es que en tanto no haya una sentencia, no hay certezas.
“No se pueden confiar, porque los permisos siguen vigentes. La empresa sí podría hacer una cesión de derechos, es decir, vender el proyecto”, precisó Romero.
La población de San José Tipceh y Plan Chac se organizó para defender su territorio. Fotografía de Aurelio Mugarte.
Las poblaciones buscan que sus derechos sean garantizados. Esperan que los Juzgados no demoren más en dictar una sentencia, para poder recuperar la calma y tener certeza de que su territorio continuará sano.
En la opinión del abogado Romero, si los jueces fallan a favor de las comunidades se sentará un excelente precedente respecto a las energías renovables.
“Se habla de que son benéficas, que son una necesidad, y es cierto, pero no se habla de cómo deberían implementarse. Es importante empezar a mirar y reconocer que las energías renovables también pueden generar impactos ambientales y violar derechos humanos si no se implementan como lo marca la legislación y respetando los derechos de las comunidades: dándoles información, implementando mecanismos de acceso a la información y a la participación efectivos”, apuntó.
Desde el 2016, la población de San José Tipceh lucha para evitar la instalación de un parque fotovoltaico en su territorio. Fotografías de Aurelio Mugarte y Lilia Balam
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Las poblaciones buscan que sus derechos sean garantizados. Esperan que los Juzgados no demoren más en dictar una sentencia, para poder recuperar la calma y tener certeza de que su territorio continuará sano.
En la opinión del abogado Romero, si los jueces fallan a favor de las comunidades se sentará un excelente precedente respecto a las energías renovables.
“Se habla de que son benéficas, que son una necesidad, y es cierto, pero no se habla de cómo deberían implementarse. Es importante empezar a mirar y reconocer que las energías renovables también pueden generar impactos ambientales y violar derechos humanos si no se implementan como lo marca la legislación y respetando los derechos de las comunidades: dándoles información, implementando mecanismos de acceso a la información y a la participación efectivos”, apuntó.
*Este artículo corresponde a la serie Desafíos de la Energía publicada por Causa Natura Media.