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Valle de Bravo: el boom inmobiliario contra los bosques de agua en el Estado de México

21 Junio, 2023

Por Patricia Ramírez

En el nuevo paisaje de Valle de Bravo se derriban árboles y se abren caminos en lugares donde lo único que había antes era bosque. Cada vez son más frecuentes los predios sin vegetación, los camiones de carga y los anuncios de compraventa de terrenos y viviendas. Incluso se ofertan aquellas que apenas están en construcción.

Este municipio, catalogado como “pueblo mágico”, se ubica en el oeste del Estado de México, a dos horas de la capital del país. Aquí los clubes de golf y las casas de verano son parte del disfrute turístico desde hace varios años, pero el boom de construcciones se dio durante la pandemia del coronavirus, cuando el trabajo remoto permitió la llegada y permanencia de más personas.

La expansión, principalmente en el sureste de la cabecera municipal y otras localidades vecinas, ha movilizado a sus habitantes. El Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo – Amanalco ha acompañado denuncias ciudadanas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El último bimestre de 2022 llevaron tres sólo en la zona de Avándaro.

Se ha denunciado la remoción de árboles, la apertura de caminos, las obras sin permisos, la invasión de zonas federales, la creación de presas privadas, entre otras. Además, preocupa la contaminación por falta de infraestructura para drenaje y la disponibilidad del agua.

Los bosques y el agua son uno mismo en este lugar. 

Presa Valle de Bravo también conocida como Lago Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Presa Valle de Bravo también conocida como Lago Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Vista aérea de casas y residencias en la zona de Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Vista aérea de casas y residencias en la zona de Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Sin autorizaciones

Valle de Bravo es el corazón de los bosques en el Estado de México. Sus alrededores son montañas repletas de árboles que forman cerros, rancherías y más bosques. En el centro, las calles adoquinadas y calurosas llegan como ríos hasta una presa también conocida como el lago Avándaro. 

“Disfruta la vista al lago”, señala un anuncio al sureste del municipio. Las imágenes que ilustran la publicidad son de casas con jardín, alberca y balcones. En promedio, la compra de una residencia de este tipo ronda entre los 20 y 50 millones de pesos mexicanos. Mientras que las rentas de cabañas y casas del lago se encuentran desde los 15 mil hasta más de 80 mil pesos mensuales.

“Zonas como San Mateo Acatitlán, Avándaro y San Simón están teniendo mucha presión inmobiliaria. No hay una regulación adecuada sobre temas como el agua, los servicios y la conectividad”, explica María, integrante del Observatorio.

María no es realmente María, pero ha pedido cambiar su nombre como una medida de seguridad ya que acompaña legalmente a vecinos. Una de las denuncias recientes al cierre de esta edición ocurrió a finales de 2022. Residentes de La Polilla, una privada en Avándaro, reportaron que cerca de la presa Valle de Bravo se construía un complejo inmobiliario.

De acuerdo con los denunciantes, la residencia ya tenía sellos de clausura por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), pero los trabajos seguían, así que presentaron quejas ante la Profepa y el municipio de Valle de Bravo.

La respuesta fue una visita de inspección de la procuraduría federal. El Observatorio dijo que la dependencia les comunicó que el proyecto no tenía una Autorización de Impacto Ambiental, que es la acreditación del cambio de uso de suelo para pasar de forestal a construcción, así que se realizaría la sanción correspondiente. 

Por su parte, la organización amplió la denuncia porque pobladores insistían en que las obras estaban en marcha aún después de esto. 

La Profepa no ha informado públicamente sobre su visita al desarrollo de La Polilla, pero sí de cinco inspecciones en Valle de Bravo por denuncias recibidas durante 2022. Cuatro de ellas por no tener Autorización de Impacto Ambiental. Para conseguirla se requieren títulos de propiedad, estudios de riesgo ambiental y otros documentos que deben ser evaluados antes de cualquier otro trabajo.

Además, tres de las cinco clausuras que hizo la Profepa ese año fueron dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Valle de Bravo.

Video de breve recorrido de puntos próximos a zonas de denuncias acompañadas en los últimos dos años por el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo – Amanalco.

Las denuncias también se han dado en Rancho Avándaro, Tres Puentes, Cerro Gordo, Velo de Novia y el Capulín. Esta última zona es la más conocida porque el año pasado la empresa Stupa Ranch S.A. de C.V. inició un proyecto de 11 villas tipo hotel llamado “Stuppa Ranch Residencial”.

El conjunto contemplaba áreas de servicios, cancha de tenis y pádel, restaurante, alberca, spa, gimnasio, capilla, caballeriza, plazas, glorietas y puentes. 

En abril de 2022 la noticia de este complejo llegó hasta la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al ser cuestionado por la prensa dijo que no estaba enterado, pero que lo atendería con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Un par de días más tarde, la Profepa atrajo el caso y acudió a poner los sellos de clausura. 

Pese a estos avances, la ciudadanía percibe los esfuerzos como insuficientes. 

“Las denuncias que se están haciendo por parte de los ciudadanos tardan varios meses (en atenderse). Parece que (las autoridades) no se están dando abasto con la cantidad de irregularidades en la zona y esa ha sido una de las quejas más grandes, que cuando alguien denuncia una obra, la autoridad tarda tanto en llegar a inspeccionar que la construcción avanza muchísimo y así es más difícil echar todo para atrás”, describe María, del Observatorio.

Trabajador en un predio de Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Trabajador en un predio de Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Casa en Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Casa en Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Los árboles derribados

En el Estado de México casi la mitad de sus suelos son bosques. Un 48% de la superficie está cubierta de pino, oyamel y encino, por mencionar los más comunes. De este porcentaje, la mayoría tiene alguna categoría de área de protección ambiental. Sin embargo, los decretos no evitan la explotación desmedida.

La Protectora de Bosques de la entidad (Probosque) reconoce que las principales causas son la tala clandestina, las actividades agrícolas y ganaderas, la apertura de carreteras y caminos, así como los crecimientos demográficos.

Aunque en Valle de Bravo la amenaza directa es el boom inmobiliario, en los alrededores, donde el Área Natural Protegida se extiende por diez municipios más, cubriendo la zona forestal y las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, también han habido problemas con la siembra de aguacate y la tala ilegal.

“Acá el aprovechamiento forestal está siendo sustituido por la tala clandestina. Estamos empezando a ver gente armada entrando a los ranchos que son propiedad privada. No digo que sea algo del día a día, pero ha pasado y estamos preocupados”, describe Mariana David, coordinadora de la asociación civil Colonos de las Montañas, al sur de la región.

Como área protegida, Valle de Bravo colinda con otras ANP como la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán, el Nevado de Toluca en el Estado de México y el Parque Nacional Bosencheve en la frontera de ambos estados, por lo que habitantes esperan que la respuesta sea más efectiva, pero ocurre lo contrario.

“Hemos presentado denuncias, pero el seguimiento nunca llega”, señala David.

En un panorama nacional, el número de operativos y recorridos de inspección de la Profepa, vinculados a tala, va en descenso.

De acuerdo con información proporcionada vía transparencia para este reportaje, en 2016 la procuraduría ambiental tuvo 66 operativos, mientras en 2022 se registraron 33 en todo el país. En regiones como Valle de Bravo, de 2015 a la fecha, sólo se reportó un operativo en la zona.

Aunque el número de inspectores ambientales aumentó de 443 en 2021 a 660 en 2022, en el Estado de México solo hay 29. La mayoría se concentra en la Ciudad de México siendo 159, mientras el resto de los estados no superan los 34, de acuerdo con solicitudes de información.

Predio talado para construcción inmobiliaria en Valle de Bravo. Foto: Patricia Ramírez

Predio talado para construcción inmobiliaria en Valle de Bravo. Foto: Patricia Ramírez

Agua del bosque, agua de la ciudad

Más allá de lo inmediato, en Valle de Bravo cualquier impacto trasciende a la región. Sus bosques son las fábricas de agua del centro del país. La presa y los ríos que van a ella son una fuente para el Sistema Cutzamala que suministra a la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que forman el área metropolitana.

“La mayoría de los desarrollos inmobiliarios son tradicionales. Están bajo prácticas de construcción poco sustentables. Ocupan grandes extensiones de terreno, no cuentan con red de drenaje, acaparan ríos y manantiales para generar sus propias reservas de agua”, explica Sandro Cosi, director de Procuenca, una organización que realiza acciones de conservación en Valle de Bravo.

Procuenca también lleva un monitoreo del agua en 33 puntos de la región. Gracias a esto han podido identificar los sitios donde la calidad del agua se ve afectada por la contaminación. Algunos son San Francisco, Cascada Colonos y El Salto, donde la presencia de bacterias coliformes ha sido mayor.

De acuerdo con Cosi, en Valle de Bravo se tiene la misma problemática que tienen la mayoría de los municipios del país cuando se expanden las colonias más rápido de lo que pueden brindar los servicios adecuados de drenaje. 

“Muchas veces se mezclan las aguas pluviales con las aguas negras y las plantas de tratamiento se sobresaturan y no hacen bien su trabajo o simplemente se construyen infraestructuras de tratamiento de agua potable que cuestan un dineral en operar, los municipios con un déficit presupuestal no puede pagarlas y las abandonan”, explicó el director de Procuenca.

Respecto al almacenamiento de la presa Valle de Bravo, en febrero pasado el Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que el registró una capacidad de almacenamiento del 55.22%. En los recorridos por las orillas de Avándaro puede verse como el lago ha bajado su afluente a lo que era años antes.

Para especialistas del agua esto resulta preocupante no sólo para Valle de Bravo sino también para la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, pues es allá hacia donde se dirige el agua mediante el Sistema Cutzamala. 

«A medida en que ese acuífero se agota, la presión sobre las fuentes externas de agua se incrementan», señala Cosi, haciendo referencia a cómo la necesidad de Cutzamala tiene una relación con las fuentes de agua como la de Valle de Bravo.

Presa Valle de Bravo vista desde Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Presa Valle de Bravo vista desde Avándaro. Foto: Patricia Ramírez

Vista del lago en temporada baja. Foto: Patricia Ramírez

Vista del lago en temporada baja. Foto: Patricia Ramírez

Las opciones para hacerle frente a la expansión inmobiliaria se plantean desde incrementar la inspección y vigilancia hasta hacer valer la ley de protección ambiental ante cualquier construcción.

En las regiones altas de la cuenca de Valle de Bravo, la gestión comunitaria de bosques ha permitido un aprovechamiento forestal más importante. El director de Procuenca insiste en ver hacia estas regiones para aprender de soluciones «basadas en la naturaleza» que podrían convertirse en políticas públicas.

«El día en el que realmente volteemos a ver esta región como una de las principales fuentes de agua y se asignen los planes y presupuestos de acuerdo a lo establecido, podemos empezar a darle la vuelta a este problema», concluye.